Planes de vida y formas organizativas para la producción: Fedeagromisbol

“Hemos venido a defender la vida y la Madre Tierra.Hemos comprobado que la única opción de vida no es el consumismo, la adicción al petróleo, la destrucción de la naturaleza y la economía impulsada por la guerra. Los aquí presentes ya venimos construyendo la alternativa: territorios gobernados por las comunidades, relaciones sociales y de trabajo equitativas e igualitarias, economías sustentables donde impera el uso respetuoso de los bienes de la naturaleza, decisión autónoma sobre la producción de alimentos”.

 Declaración del Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías, octubre de 2011

 

¿Qué son los planes de vida y las formas organizativas para la producción?

La entrada de monopolios a los escenarios agrícolas del país, en aras de la industrialización de las tierras, transforma las relaciones culturales y tradicionales de las comunidades; de autonomía en la cadena de producción de alimentos, a otra donde el campesinado se convierte en peón y la agricultura se pone al beneficio de las empresas multinacionales, llevándolo a la pérdida de su soberanía alimentaria.

Colombia se caracteriza por una estructura agraria bimodal de latifundio-minifundio, en la cual 0,4 % de los propietarios poseen más de 60 % de los predios, mientras el 57% de los propietarios poseen menos del 2% de los predios. Debido a  las dinámicas del conflicto social, político y armado, del despojo de alrededor de 5 millones de personas, y de las políticas agrarias que resultaron en procesos de contrarreformas agrarias, hoy se presenta una situación del campesinado sin tierra, altos índices de pobreza urbano-rural y de inseguridad alimentaria en el 45% de los hogares colombianos.

Distintos procesos han surgido en las últimas décadas para encarar el modelo actual de desarrollo y devastación de las economías campesinas, propias y populares y buscando la soberanía alimentaria y la construcción de planes de vida.

Estos planes de vida de las personas, colectividades y comunidades son elaborados muchas veces desde un pensamiento del buen vivir: “Vivir bien es vivir en comunidad, en hermandad y especialmente en complementariedad. Es una vida comunal, armónica y autosuficiente. Vivir Bien significa complementarnos y compartir sin competir, vivir en armonía entre las personas y con la naturaleza. Es la base para la defensa de la naturaleza, de la vida misma y de la humanidad toda.”[1]

Desde esta perspectiva, grupos humanos se organizan para vivir de forma equilibrada con la naturaleza, garantizando su supervivencia en el ecosistema. Esta organización también se refleja en las formas de producción: sindicatos, cooperativas y/o federaciones. En estas formas las comunidades trabajan de forma solidaria entre ellos/as mismos/as y con el entorno.

El territorio del Sur de Bolívar

“Para las comunidades agromineras de la región la nuestra es una lucha por la defensa de la vida y la permanencia en el territorio que están siendo seriamente amenazadas por las estrategias de despojo que se están aplicando contra nosotros.”

Comisión de Interlocución del sur de Bolívar

El Sur de Bolívar se ubica al norte de Colombia, en los límites de la región Andina y la región Caribe, entre el río Magdalena y el río Cauca y la Serranía de San Lucas. En total el Sur de Bolívar tiene un área de 16.136 Km2, donde 1.132.427 Km2 se encuentran dentro de la Zona de Reserva Forestal del Magdalena Medio, con una población total de 290.121 personas y 16 municipios.

El sur de Bolívar, es reconocido actualmente por ser una de las zonas más biodiversas y ricas en recursos naturales a nivel del Caribe colombiano. A lo largo de la Serranía de San Lucas, se encuentra uno de los yacimientos mineros más codiciados en Colombia. En las zonas planas, a orillas del Magdalena los humedales y ciénagas constituyen un hábitat propicio para los peces y en sus llanuras, el suelo es rico para la agricultura. También, en la zona plana se encuentran yacimientos de petróleo.

Las condiciones de vida de los pobladores del sur de Bolívar son bastante difíciles y en muchos casos precarias, situación que siempre ha sido paradójica, tratándose de una región con riquezas naturales. Los niveles organizativos de las comunidades del Sur de Bolívar son los que han permitido, en las peores condiciones de abandono estatal, ir construyendo el territorio.

“Los pobladores del Sur de Bolívar estamos siendo víctimas de una de las más feroces arremetidas, nosotros y nosotras, que vivimos de nuestro trabajo, que trabajamos a diario para darle el sustento a nuestras familias estamos siendo exterminados. Nos atacan porque vivimos en un territorio rico en oro, nos atacan porque nuestra tierra sirve para producir palma de aceite, nos atacan porque en nuestro territorio estamos construyendo vida y autonomía. Y este territorio es ambicionado desde hace mucho por empresas transnacionales del oro y de la agroindustria. Pero no solo nos presionan por la vía de las armas. Históricamente nos han negado el acceso a servicios básicos como energía, agua, alcantarillados, educación y vivienda dignas; también han intentado despojarnos a través de normas tremendamente dañinas para nosotros como el Código de Minas que cada vez que lo reforman es más agresivo con los pequeños mineros; la absoluta indiferencia de las autoridades ante el gravísimo e irreparable daño ambiental que están causando las máquinas retroexcavadoras a nuestras fuentes de agua, humedales y ciénagas es otra forma de agredirnos y expulsarnos; así mismo hoy quieren imponer a la fuerza la declaratoria de Parque Natural Nacional como una manera de sacarnos por la vía legal de nuestra tierra destruyendo la economía que nos permite el sustento diario.”  Comunidades Agromineras del Sur de Bolívar

 

Los intereses económicos en el Sur de Bolívar

A partir de una base de producción conformada fundamentalmente por la minería, la agricultura, las actividades pecuarias y la pesca; las comunidades han ido construyendo los poblados, las vías, los colegios e incluso los puestos de salud. El tejido organizativo permitió hacer frente a los intereses económicos que han guiado el despojo de las tierras y del territorio por parte de la violencia paramilitar y militar, logrando que se posicionara la lucha por la vida y la permanencia en el territorio como ideales que integraban las luchas en esta región.

Primero, contra los intereses de la familia Illera Palacio, quienes junto a la empresa Corona Goldfields S.A, y la Conquistador Mines, a partir de una ficticia reclamación de predios de minería, querían apropiarse del territorio, pleito que se dirimió en 2004 a favor de los pequeños mineros y más adelante en defensa de las pretensiones de la Anglogold Ashanti S.A que llega a Colombia con la intención de despojar a mas de 27 mil mineros de sus trabajos mineros solicitando en explotación de más de 1 millón de Has.

En este proceso, las empresas auríferas han ido, junto con el Estado colombiano, acondicionando una propuesta legislativa que favoreciera la entrega de los territorios a las multinacionales; es así como se diseña la propuesta del código de minas en 1996, declarado inconstitucional en 1998 y aprobado en el año 2001, cuando se presentaba el bloqueo y sitiamiento de las comunidades del sur de Bolívar, código que fue reformado en el 2010, empeorando la situación de despojo.

Hoy, la Anglogold Ashanti es la empresa más beneficiada por la política minera colombiana, cuya reforma coincide con el auge del paramilitarismo y la entrada de esta empresa al país. Empresa que ha solicitado 13.1 millones de Has. en exploración a partir del año 2003, lo cual implica el 11% del territorio nacional (114.174.800 Ha). En una modalidad que le permite especular con esta área de exploración a la vez que les permite cerrar el paso a nuevos proyectos de la pequeña minería, dirigiéndose hacia el control y monopolio del territorio en materia de exploración y explotación. De esos 13.1 millones, fueron explorados 11.2 millones de Has., al 2008. De los cuales, en el 2008 tenían contratos activos por 825,025 Ha. Es decir contratos de concesión equivalentes al 76% del área dedicada a la minería del oro. Contratos de concesión que les da el derecho sobre la explotación del subsuelo, y de todo el área de influencia, por más de 30 años, renovados fácilmente a 60 años.

En el departamento de Bolívar existen 165.000 Ha. dedicadas a la minería, la mayor parte de ellas se encuentran ubicadas en el Sur de Bolívar, donde existen 106.000 Ha dedicadas a la minería del Oro, cerca el 8% del territorio. La Anglogold Ashanti posee cerca del 45% del territorio concedido a la minería del Oro en la región, sin contar con las propiedades que poseen otras personas a título individual, las cuales después van apareciendo a nombre de la multinacional, fenómeno que se conoce como de testaferrato.

Por otro lado, el proyecto del monocultivo de la palma aceitera, ya había empezado a ambicionar las zonas planas del sur de Bolívar como zonas a explotar. Del sur del departamento de Cesar y del departamento del Magdalena, donde se había consolidado el proyecto en el cual se movían como pez en el agua los grupos paramilitares, surgirían empresarios y grandes empresas dispuestas a convertir, humedales, playones y tierras dedicadas a la producción alimentaria en tierras inundadas con este cultivo con la finalidad de producir combustibles. Así, del 2006 al 2008 en el departamento de Bolívar se duplicó el área sembrada en Palma Aceitera, pasando de 8 mil a 16 Ha, de las cuales 10 mil Ha se encontraban en el sur de Bolívar. El municipio de Rio Viejo, Regidor y el Peñón, sacrificó su producción alimentaria por la implementación de este monocultivo. Muchos campesinos antes poseedores de su propia producción se vieron abocados a migrar a las cabeceras municipales o a las grandes ciudades.

Casos como el del Grupo Daabon, que distribuía sus productos a las tiendas Body Shop vieron en estas tierras un gran negocio, aprovechándose del abandono Estatal hacia los campesinos y la violencia estatal y paraestatal, desplazaron a más de 120 familias de los predios donde derivaban su sustento familiar. Este grupo planeaba extender su producción sobre más de 15 mil Ha. Así mismo en la zona de Tiquisio, Achi, Pinillos, Montecristo, y San Jacinto del Cauca, se encuentra en planificación un megaproyecto similar de producción de combustible a partir de Palma de aceite sembrando 18 mil Ha.

La gran minería vs la pequeña minería en el Sur de Bolívar

“Nos atacan porque vivimos en un territorio rico en oro, nos atacan porque nuestra tierra sirve para producir palma de aceite, nos atacan porque en nuestro territorio estamos construyendo vida y autonomía.”

Fedeagromisbol

En el marco de generar las condiciones para la explotación minera a gran escala, la Secretaría de Minas de la Gobernación ha adelantado una campaña de desprestigio de las organizaciones agromineras de la región, en particular contra la Federación Agrominera del Sur de Bolívar – Fedeagromisbol, señalándola de ser la organización que se opone al progreso regional al negarse a aceptar la presencia de empresas mineras transnacionales en la región. Más de 30.000 mineros que históricamente han explotado artesanalmente el oro, hoy se encuentran en riesgo de ser despojados de su territorio.

Ingeominas y la Anglo Gold Ashanti han argumentado, en los acercamientos de negociación con las comunidades, que los limitados márgenes de eficiencia y sostenibilidad ambiental serían un obstáculo por parte de la pequeña minería. Razones que según ellos la harían insostenible. El criterio que tiene la empresa multinacional, se basa en la premisa de que la minería artesanal no logra explotar adecuadamente el potencial aurífero de una zona y, en cambio, produce residuos sólidos que contaminan las fuentes hídricas y es responsable de parte de la deforestación de los bosques.

En cuanto entró en vigencia el nuevo código de minas, en febrero de 2010, la Secretaría de Minas de Bolívar desató una campaña de impulso a la legalización de la llamada “minería ilegal”, llamando a los pequeños mineros para que legalizaran sus minas. Para ello se utiliza la difusión masiva del nuevo código de minas, eso sí, sin advertirle a los pequeños mineros los graves riesgos que tiene la aplicación del mismo para la región, particularmente para la pequeña minería ni la prohibición que el Ministerio del Medio Ambiente ratificó en el sentido de no permitir la legalización de minería en las zonas de reserva forestal.

La Federación Agrominera, cuenta con casos evidentes y documentados de despojo de tierras y territorio, que fueron puestos en conocimiento de las autoridades desde el momento de la instalación de la mesa de interlocución, como casos importantes en materia de garantías. En estos casos existe un centenar de víctimas, sin que hasta el momento se hayan tomado medida alguna de restitución, investigación, sanción a los responsables y medidas claras y contundentes de no repetición. Uno de estos casos es el despojo ilegal de 123 familias en el predio conocido como las Pavas, corregimiento de Buenos Aires, jurisdicción del municipio El Peñón.

 

La organización en el Sur de Bolívar

“En Colombia el caso del sur de Bolívar se puede decir que era un caso único donde se inician ese tipo de marchas (se refiere a Marchas Campesinas) con tanta contundencia y el estado comienza a mirar que allí se está gestando un movimiento bastante serio de parte de las comunidades, ese es el objetivo por lo cual el estado comienza a golpear a las comunidades. Por las amenazas constantes y los asesinatos se fueron diezmando las organizaciones, fueron desapareciendo poco a poco, en el sur de Bolívar es un pecado ser presidente de Acción Comunal, es un pecado una mujer ser líder de mujeres, es un pecado incluso que sea una madre comunitaria, porque son objetivo, un inspector de policía o corregidor tampoco pueden existir en la zona porque son objetivo militar”.

Proyecto Colombia Nunca Más. Base de Datos, Testimonio

 

La Federación Agrominera del Sur de Bolívar (FEDEAGROMISBOL), es una organización gremial, que agrupa asociaciones mineras, agrarias y comunales, del Sur del departamento de Bolívar. La conforman aproximadamente 35 asociaciones agromineras, 40 Juntas de Acción Comunal y 13 comités de mujeres, de los municipios de Santa Rosa, Morales, San Pablo, Montecristo, Norosí, Tiquisio, Rio Viejo, Arenal, Simití y Canta Gallo.

Fedeagromisbol ha sido una de las organizaciones que ha liderado la visibilización de las comunidades, posibilitando que desde afuera se conociese que más allá de los actores armados hay también una población que lucha por una mejor vida y que articulan propuestas de futuro en sus territorios. La Federación ha realizado una labor permanente de denuncia de los actos atroces y también una labor de reflexión y de formación de líderes.

Desde su constitución hasta la fecha la Federación se ha ganado un espacio a nivel regional, nacional e internacional, posicionamiento que ha logrado con planteamientos que promueven el desarrollo integral de la región tanto en el aspecto minero como en el aspecto agrícola, agropecuario y de servicios básicos para los pobladores del Sur de Bolívar. La Federación se ha constituido en el lugar organizativo de las comunidades de esta región del país, expresado en asambleas, encuentros u otras formas de decisiones autónomas, en las que a su vez han logrado la creación de granjas, planes de vida y formas propias de comercialización de alimentos.

Así mismo, Fedeagromisbol hace parte de plataformas regionales que buscan un desarrollo sostenible, humano y responsable de la región, impulsando y participando activamente de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, que es una coordinación de organizaciones sociales y gremiales de la región. También ha mantenido una disposición permanente de diálogo con la gobernación y con la Secretaría de Minas y Energía en aras de trabajar conjuntamente por los derechos de los pequeños mineros y por una minería respetuosa del medio ambiente que esté al servicio de la región y el departamento.

El 10 de marzo de 2012 se reactivó la Mesa de Interlocución donde se proyectaba el desarrollo integral del Sur de Bolívar y en el cual se discutía el plan de desarrollo integral formulado por las comunidades agromineras de la región en el marco de los acuerdos firmados en 1998 entre las comunidades y el gobierno nacional. En la Mesa de Interlocución las comunidades han venido trabajando incansablemente por sacar adelante un proceso que permita el avance significativo de un proyecto de desarrollo integral que ayude a construir la paz en la región por medio del diseño de políticas de explotación minera que se correspondan con la realidad de la región, que respeten el medio ambiente y que garanticen la permanencia de los pequeños mineros en su territorio. En este sentido, durante varios años, la Federación ha sostenido espacios de construcción de acuerdos con delegados del gobierno nacional, departamental y de algunas alcaldías y es justamente el tema minero en el que más avances se tenido a pesar de la poca disposición de las autoridades a aceptar las propuestas presentadas por las comunidades para resolver las graves problemáticas que afectan a los pequeños mineros del sur de Bolívar.

Las autoridades públicas han venido estigmatizando la labor de la Federación Agrominera, situación que ha incrementado los riesgos para sus integrantes, dado el contexto de conflicto armado interno que se desarrolla en la región. La existencia de ejecuciones extrajudiciales (caso de Alejandro Uribe Chacón), amenazas (anuncios por parte de personal del Ejército Nacional sobre el ingreso de estructuras paramilitares) y detenciones arbitrarias (caso de Teófilo Manuel Acuña Ribón), entre otros aspectos, han puesto en grave riesgo los derechos a la vida, libertad e integridad personal de los integrantes de la Federación.

Los miembros de la Federación, cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde el 1 de mayo de 2009, sin que hasta el momento haya sido implementada una sola medida para su protección. Fedeagromisbol forma parte del Capítulo del MOVICE Sur de Bolívar-Sur del Cesar.

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