Territorios autónomos de comunidades desplazadas e intereses económicos: Finca El Tamarindo (Barranquilla, Atlántico)

¿Qué son los territorios autónomos de comunidades desplazada e intereses económicos?

Los territorios autónomos de población desplazada son los habitados por personas que han sufrido desplazamiento forzado y que vuelven a producir un territorio el cual configuran colectivamente y de forma autónoma. Esta situación es impulsada por el conflicto armado que provoca el desplazamiento forzado y los procesos de resistencia campesina de permanencia en el territorio.

Extracto del artículo “El desplazamiento forzado, despojo de tierras y el derecho a la reparación integral de las víctimas en Colombia” del ILSA [1]:

“La relación entre el desplazamiento forzado de población y el despojo de tierras y territorios mayoritariamente en el mundo rural ha sido una constante en el marco del conflicto social y armado que vive Colombia. Aunque los esfuerzos por aproximarse a la cuantificación de las hectáreas despojadas aún distan de reflejar con precisión la magnitud del desplazamiento forzado y del despojo de tierras y territorios, todos ellos coinciden en reconocer la relación entre un constante proceso de concentración de tierra, cambios y conflictos sobre el uso del suelo, transformaciones en la espacialidad y en el ordenamiento del territorio, implementación de modelos de empresarización de la producción rural que son correlativos al despojo o abandono forzado de tierras (Reyes, A, 1994; Fajardo, 2002; Salgado, 2008), incluso algunos de estos estudios han destacado cómo el desplazamiento de población es una estrategia en el marco de la guerra, orientada a la desterritorialización, la expansión de áreas de control y a la apropiación violenta de propiedades agrícolas (Ibañez y Querubin, 2004).

Los esfuerzos y las propuestas provenientes del Gobierno Santos en materia de restitución de tierras y recuperación de la vocación productiva del campo colombiano es limitada en la medida que no aborda la génesis de los problemas estructurales agrarios en nuestro país –dadas entre otros por la concentración de la tierra, la ausencia de reformas agrarias-, y además, creemos promueve relaciones asimétricas y desiguales entre un campesinado (mayoritariamente retornado luego de varios años de desplazamiento forzado, carente de capacidad sostenible de producción y cuyo activo es su parcela) y unas empresas –cuando no multinacionales- con músculo económico, con monopolio en el circuito de producción y mercadeo y capacidad de imponer las condiciones y las relaciones en estos “negocios inclusivos”. Todo ello permitiendo una recaracterización del campesinado de su vocación de productor agrícola a trabajador agrario en las fincas industrializadas o en el peor de los casos como trabajador en sus propios minifundios.

Resaltamos que cualquier modelo de restitución de tierras en Colombia que no atienda a unas transformaciones estructurales de los problemas rurales tiende a ser una sólo una tendencia a normalizar lo informal. Desde hace muchos años, el Banco Mundial ha reiterado a Colombia la necesidad de formalizar y regularizar las relaciones jurídicas de los predios rurales, entendiendo que esta situación desincentiva la inversión extranjera. Al respecto es importante recordar que los contextos de conflicto han conllevado a que empresas extranjeras, con intereses marcados y ciertos en la tierra y su producción ya sea agropecuaria o extractiva, como el caso de “Chiquita Brands”, hayan participado directamente como financiadores de actores armados ilegales. Igualmente la propuesta Santos avanza hacía la adecuación de un escenario propicio para la implementación de los TLC, la cual es el centro de la propuesta de las alianzas productivas y las formas asociativas de producción con el fin de lograr “aumentar las escalas de la producción bajo un enfoque de conglomerados productivos que integren vertical y horizontalmente la producción, transformación y comercialización”.

El desplazamiento forzado

Desde el año 2001, 110 familias ocuparon pacíficamente la Finca El Tamarindo en el departamento del Atlántico, la cual se encontraba baldía. Estas familias venían desplazadas de zonas como Sucre, Bolívar y Magdalena a causa del conflicto armado. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), en 1996 aproximadamente 181.000 personas fueron desplazadas, cifra que aumentó constantemente hasta el 2001, año en que fueron forzadamente desplazadas 341.925 personas. “Donde más coincide la violencia política con la violencia relacionada con la tenencia de la tierra (Costa Atlántica, el Chocó y el Urabá Antioqueño), el desplazamiento forzado es significativamente mayor que en las regiones donde, a pesar del nivel de violencia política, son menores las incidencias del conflicto por la tierra”.[2]

En el municipio de Barranquilla llegaron desplazadas según CODHES entre el 1999 y 2001, 24.958 personas. Las cifras de la Personería Distrital muestran que el flujo de desplazados que arriban a la ciudad son principalmente habitantes de los departamentos vecinos, en este sentido los cuatro primeros departamentos de donde llegan los desplazados son: Magdalena 29%, Bolívar 22%, Cesar 13% y Sucre 7%.

Según las estimaciones del sistema RUT de la Conferencia Episcopal de Colombia, durante los años 2000 y 2001 los paramilitares fueron los principales responsables de los desplazamientos forzados: 56,52% generados por paramilitares que actuaron con el apoyo, la omisión o la aquiescencia de la Fuerza Pública; 1,08% directamente por la Fuerza Pública; 24,07% por las guerrillas; y 9,94% por grupos combatientes no identificados.[3]

La continuación de las violaciones de derechos humanos

El proceso organizativo de la comunidad del Tamarindo llevó hace 5 años a la creación de Asotracampo, desde donde organizan el trabajo productivo y los demás aspectos colectivos de la finca. Desde el año 2008 la comunidad, ha sido objeto de al menos 35 acciones policivas (nombradas como diligencias) para sacarlos del lugar, en las cuales se han violado los derechos de estas personas y se han desconocido las normas legales que rigen estos procedimientos. Se desconocen los actos administrativos en los que se enmarcan las actuaciones de la Inspección de Policía, puesto que se han negado a presentarlos en las diligencias.También se ha desconocido que las víctimas del desplazamiento forzado no pueden ser desalojadas de su lugar de asentamiento sin antes ser reubicadas en condiciones dignas garantizando su estabilización económica, respetando sus derechos fundamentales.

Así mismo, han sido objeto de amenazas que ya han producido un nuevo desplazamiento de uno de sus líderes y de acciones de hecho en las que han participado miembros del Ejército Nacional en compañía de la empresa de vigilancia privada “Seguridad 911” quien no cuenta con licencia de la Super Intendencia de Vigilancia para funcionar, que es propiedad de Enilse López “La Gata” (conocida por sus nexos con el paramilitarismo)y que fue contratada por una de las empresas que reclama el predio.

Intereses económicos en la Finca El Tamarindo

El predio El Tamarindo, de aproximadamente 250 hectáreas, se encuentra ubicado entre el municipio de Galapa (carretera La Cordialidad) y la vía Juan Mina. En esta región se están presentando compras masivas de tierras y se han detectado amenazas y hostigamientos contra varias comunidades allí asentadas. En la actualidad este predio se encuentra en litigio entre la comunidad de desplazados que lo posee desde el año 2001 y varias empresas que se interesaron en reclamar el predio una vez la DIAN declaró en el año 2007 la ‘zona franca permanente’ ubicada en frente del El Tamarindo (vía La Cordialidad), quienes dicen ser los propietarios se encuentran: La familia Char, Nancy Tarud, Inverisones El Prado Abdalá Saieh y Ciz S.C.A., Julio Muvdi y Finanzas del Norte.

La Zona Franca Permanente Internacional del Atlántico (ZOFIA) es un megaproyecto que consta de 1.200.000 m2 y es el área geográfica delimitada en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y servicios, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior.

La comunidad también se ve afectada por la carretera de la Ruta del Sol, que conecta con la Zona Franca y que pasará por el centro del Tamarindo. Esta vía comunicará el interior del país con la Costa Caribe. Los tres sectores en los que se encuentra dividido el proyecto son Villeta – El Korán (Sector 1, de 78 km); Puerto Salgar – San Roque (Sector 2, de 528 km) y San Roque – Carmen de Bolivar/Yé de Ciénaga y Valledupar (Sector 3, de 465 km).

En los otros linderos de la finca se encuenrtan proyectos urbanísticos de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (CAPROVIMPO)y el macroproyecto Villas de San Pablo que construye la Fundación Santo Domingo.

Todos estos proyectos se enmarcan dentro de la potencialidad de Barranquilla como la “plataforma logística del país” por su situación estratégica con la zona portuaria.

Las expectativas de la comunidad

“Soy campesino de cepa: en vez de sangre lo que me corre es tierra por las venas, por esto estoy luchando la tierra”

La comunidad en El Tamarindo quiere seguir en el territorio realizando sus actividades agropecuarias. No se piensa en las posibilidades de retorno o reubicación por el miedo existente a los grupos paramilitares que operan en la región caribe y las continuas violaciones a los derechos humanos que comete la fuerza pública. Actualmente se está interponiendoa nivel jurídico un proceso de pertenencia para que se proteja la comunidad ante el desalojo del cual pueden ser objeto.

[1] “El desplazamiento forzado, despojo de tierras y el derecho a la reparación integral de las víctimas en Colombia” Carmen Andrea Becerra Becerra y Fabián Oyaga Martínez, Portavoz No. 1/2011 ILSA. Artículo completo: http://ilsa.org.co:81/node/424#_ftn5

[2] Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tercer informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, Bogotá, Comisión Colombiana de Juristas, 1999

[3] Conferencia Episcopal de Colombia, “RUT informa sobre el desplazamiento forzado en Colombia”, en Boletín trimestral, No 12, Bogotá, octubre a diciembre de 2002.

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