Control militar y paramilitar del territorio – Verdad, justicia y reparación integral: Comuna 13 (Medellín, Antioquia)

“Me parece importante subrayar y poner en primer plano que lo más grave del conflicto colombiano es que se está dando una respuesta militar a unas exigencias o búsquedas de una sociedad más justa, la cual no puede ser promovida democráticamente y permanece bloqueada en sus caminos legales. Además es un tratamiento militar que se convierte en un tratamiento criminal, al querer satanizar y combatir militarmente los deseos y anhelos elementalmente justos de todo un país, de tener un modelo de sociedad mejor, bloqueado en este momento por todas las estrategias paramilitares, de las trasnacionales y del gobierno” – “Conflicto y Derecho Internacional Humanitario en Colombia” Padre Javier Giraldo, 2009

 

Qué es el control militar del territorio?

La presencia de actores armados en un territorio implica una lógica de dominio a través de la fuerza de las armas y la autoridad, este dominio se manifiesta en lo cultural, social, político, económico y territorial de la sociedad.

“En los procesos de militarización social, la identidad cultural, como elemento cohesionador del grupo humano y su tejido social, tiende a ser uno de los objetivos a dañar de forma intencionada, para ello se crean estrategias de aislamiento y amenaza de líderes comunitarios, estrategias de incomunicación entre los/as integrantes de un grupo social, a través de los destierros selectivos, asesinatos indiscriminados, generación de incomunicación por medio de estrategias que implanten la desconfianza entre los miembros/as de la comunidad. Tales estrategias, tienen efectos prácticos en la vida comunitaria, como por ejemplo, “la sustitución de normas y autoridades tradicionales, por normas y autoridades militares”1 2”.

Hay varias causas por las que se utilizan estas estrategias, “la desnaturalización de la institución militar se da cuando se suman esas desviaciones: la ideologización de la institución armada y la difuminación de las fronteras entre lo civil y lo militar. Pero estas desviaciones llegan al nivel máximo de perversión cuando son acondicionadas a mecanismos de clandestinidad, como subterfugios para burlar las responsabilidades.” 3

Así es como bajo la omisión, tolerancia, o aquiescencia de agentes del Estado se establece el paramilitarismo en el territorio colombiano, “lejos de ser una espontánea reacción de las clases adineradas contra la insurgencia armada, fue y sigue siendo una estrategia de defensa y seguridad, implementada por el Estado, cuyo propósito principal ha sido la defensa de un modelo económico, político y social claramente excluyente e inequitativo. Esta afirmación se funda en las investigaciones, suficientemente documentadas, sobre los orígenes del paramilitarismo, en la persecución sistemática y generalizada hacia sectores sociales de oposición que solo durante los años 1988 a 2003 arrojó un saldo de 12.398 personas ejecutadas y 2.121 desaparecidas a manos de los paramilitares. Y en la precaria situación socioeconómica de la mayoría del pueblo colombiano resultado del modelo económico impuesto por unos pocos, precisamente los aliados del paramilitarismo.”4

En Colombia existe una lógica del enemigo interno que implica el involucramiento de la población civil en el conflicto y consecuentemente la violación a los derechos humanos y a la infracción del derecho internacional humanitario. La población civil se ve atrapada en una estrategia de criminalización de sus formas organizativas y líderes/esas, así como a la imposición de normas destinadas al control social y a una aceptación social generalizada a partir de las políticas del gobierno sobre que la seguridad que brinda a través del control militar del territorio justificando sus estrategias de violencia y terror. En esta lógica “no se distingue entre la población civil y combatientes, sino entre aliados y enemigos. Aumentar el involucramiento de la población civil en labores y tareas militares fue un ajuste al modelo post-desmovilización, introducido por el presidente Uribe al interior de su política”5, en este momento se pasa a hablar del control social del territorio.

“Entre las víctimas de estos grupos se encuentran líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y funcionarios y funcionarias públicos, que en el ejercicio de su función se oponen a dichos grupos, así como pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. Otras víctimas son personas que se niegan a acceder a la demanda de colaborar, que denuncian a los grupos ante las autoridades y que poseen o solicitan restitución de tierras que son de interés para estos grupos. También actúan hostilmente ante aquellas personas percibidas como colaboradoras o miembros de grupos rivales o de la fuerza pública, o simplemente que se encuentran en una zona de disputa con otro grupo.”6

Esta estrategia de control del territorio tiene como consecuencia un encubrimiento de la verdad y la desestructuración social y organizativa, con el uso de la intimidación, el establecimiento de normas sociales no pactadas con la población e impuestas a través del miedo, el confinamiento de la población por el estado de violencia generalizada, el reclutamiento forzado por parte de los grupos armados y la criminalización del movimiento social. Además, “en este contexto de violencia exacerbada se han generado impactos en la salud mental de personas, familias y comunidades en la sociedad en general. Ha sido ésta la que ha sufrido una progresiva legitimación y justificación del uso de la violencia y el poder autoritario, por encima de las prácticas deliberativas y democráticas; refrendando en el colectivo, imaginarios que acentúan la intolerancia, el individualismo y la estigmatización.”7

Verdad, justicia y reparación integral

Sobre la verdad: Las víctimas de crímenes de Estado tienen el derecho a saber las razones por las cuáles se perpetraron los crímenes en su contra: responsables materiales e intelectuales, estructuras criminales, encubridores, financiadores y todos los que se beneficiaron con este crimen: empresarios, políticos o terratenientes, quienes deben ser sancionados públicamente. La verdad que esclarezca el carácter sistemático de quienes se hayan favorecido y se han beneficiado de estos hechos de violencia.

Sobre la justicia: Es la obligación del Estado investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de las violaciones de los Derechos Humanos y DIH y sancionarlos con penas proporcionales al crimen cometido, al daño y al impacto ocasionado a las víctimas. Justicia para que se establezcan totalmente los hechos. Justicia para que se investigue penal y disciplinariamente, sea en el plano nacional e internacionalmente, a los perpetradores intelectuales y materiales. Justicia, para que se procese y castigue, con penas proporcionales a los crímenes cometidos.

Sobre la reparación integral: Las víctimas de crímenes de Estado tienen el derecho a recibir, en el caso de haber sufrido un daño injusto, un conjunto de medidas que tiendan a restablecer la situación que existiría si estos daños no se hubieran producido. Implicando la proporcionalidad a la gravedad de las violaciones y del perjuicio sufrido y que se comprenda el establecimiento de los derechos vulnerados individual y colectivamente.

El control militar y paramilitar en lo urbano

Extracto del artículo “Actores de la guerra contrainsurgente en comuna 13 de Medellín” del periodista y docente universitario Juan Diego Restrepo:

“Durante los últimos treinta años, la evolución del conflicto armado ha incidido notablemente en las ciudades. Ello ha significado la presencia de estructuras urbanas en determinadas áreas, esencialmente periféricas, privilegiadas por su posición geoestratégica, la eficacia para la movilización de apoyos logísticos y la capacidad de generar recursos económicos para los fines bélicos.

En esas tres décadas, los grupos armados urbanos se han posicionado, de manera alterna o simultánea, en territorios urbanos específicos donde adelantan diversas actividades, desde trabajo ideológico con el fin de ganar base social y ampliar sus simpatías, hasta estrategias de tributación, voluntaria o forzada, pasando por acciones militares contra sus “enemigos”. Lo que se observa es que la ciudad dejó de ser un lugar de tránsito y de avituallamiento para las fuerzas en contienda y se constituyó “en un escenario donde fueron colisionando tanto objetivos en la guerra como objetivos de la guerra”8.

El nuevo escenario de la guerra urbana, que se configuró en esos años, se entrecruzó con otros conflictos, más locales, derivados del crecimiento de la ciudad y relacionados con la lucha por el espacio y el territorio que libraban en las laderas de la ciudad comunidades rurales desplazadas de manera forzada por la guerra o que migraron en busca de mejores oportunidades y aquellas comunidades urbanas empobrecidas que soñaban con un espacio propio.”

El control en la ciudad de Medellín, caso Comuna 13

“Medellín como experiencia de transformación urbana integral atrae hoy el interés de innumerables delegaciones extranjeras de diferentes sectores. Medellín, experiencia de transformación urbana y ciudadana” – “Control militar y paramilitar en zona urbana”, Nathalie Alvarado Renner, coordinadora Equipo Seguridad Ciudadana – BID

Para este apartado, tomamos partes de informes de organizaciones de la región:

La Comuna 13 antes del 2002:

“La Comuna 13 se ubica al occidente de la ciudad de Medellín y está compuesta por 24 barrios en los que se alberga en su mayoría población perteneciente a los estratos 1 y 2. El origen de este sector poblacional se remonta a la década de los 70 con la creación de barrios productos de asentamientos subnormales e invasiones compuestas en su mayoría por personas provenientes del campo. Algunas de las familias que habitan allí llegaron a la zona luego de ser víctimas de desplazamiento forzado. El sector social al que se inserta esta población les obliga desde sus inicios a adelantar propuestas organizativas dirigidas a lograr por parte del Estado el reconocimiento de su condición de actores sociales y políticos; por ello no es extraño encontrar que, para principios de esta década, esta zona contara con la existencia de unas 50 organizaciones sociales y comunitarias formalmente constituidas y encargadas de reivindicar sus necesidades más sentidas.” 9

“El sector Centro Occidental de la ciudad de Medellín, donde está ubicada la Comuna Trece, ha sido particularmente golpeado por la violencia sociopolítica en los últimos años. Por décadas sus habitantes han vivido en el más completo abandono por parte del Estado generando situaciones de extrema pobreza que afectan los derechos de la mayoría de sus pobladores. Para enfrentar dicha situación las comunidades impulsaron, desde la década de los setenta, diversas organizaciones comunitarias que tenían como fin solucionar colectivamente algunas de las problemáticas más sentidas. (…) Paralelamente, en la década de los ochenta surgieron las milicias populares en toda la ciudad. En la Comuna Trece se conformó un grupo de conocido como los Comandos Armados del Pueblo (CAP) que tenía dentro de sus integrantes jóvenes, hombres y mujeres adultos que se proyectaron a la comunidad a través de proyectos sociales y de seguridad, reemplazando casi integralmente al Estado, lo que les generó simpatía y legitimidad por parte de la comunidad. Incluso algunas investigaciones han señalado que las milicias contaban con el visto bueno de las autoridades gubernamentales ya que cumplían las políticas sociales que ellos no estaban interesados en adelantar por tener otras prioridades. Posteriormente la presencia miliciana se incrementa a partir de la definición de los grupos insurgentes de posicionar su proyecto en las ciudades y en la Comuna Trece empiezan a hacer presencia grupos de las Farc y el Eln. Para mediados de los noventa también se conoce la intención del proyecto paramilitar de tomarse las ciudades para garantizar un mayor control social, político, militar y económico. En diversos mensajes las autodefensas unidas de Colombia –AUC– hacen saber su intención de exterminar todos los movimientos sociales y comunitarios existentes en Medellín, los que son acusados de pertenecer o colaborar con la guerrilla. Dicha intención coincide “sospechosamente” con los señalamientos de los medios de comunicación y la administración municipal de estigmatizar a toda la población de la Comuna, en especial las organizaciones comunitarias, de estar involucradas con el movimiento miliciano e insurgente. Aunque siempre fue claro que las organizaciones barriales eran autónomas y defendieron su independencia frente a las milicias, las autoridades administrativas y la fuerza pública insistieron en señalarlas para legitimar las acciones que posteriormente se realizaron en su contra. La explicación tiene que ver con el hecho de que estas organizaciones se resistieron a aceptar el proceso de paramilitarización de sus barrios como ya había ocurrido en otras comunas.”10

“A partir de 1995, se inicia lentamente el proceso de rearticulación de las organizaciones vinculadas al narcotráfico y al comercio ilícito de armas. Se desarrollan las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) y posteriormente la coordinación de todos los grupos paramilitares con la sigla de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), bajo cuya dirección realizan acciones urbanas puntuales apoyándose en las bandas armadas barriales (…) Dan golpes a personas y entidades supuestamente de apoyo de la insurgencia y de este modo van logrando aumentar su presencia barrial desde el 98 (…) Luego, van consolidándose con fuerte presencia armada urbana a través del llamado “Bloque Metro”. Para el año 2002 los paramilitares habían logrado la cooptación y/o articulación de la mayoría de las más importantes agrupaciones armadas ilegales (bandas).”11

La política de seguridad democrática en Medellín y en la Comuna 13:

“Con el gobierno de Uribe se dio inicio a la implementación de la Política de seguridad democrática. Cuatro días después de su posesión el Gobierno declaró el estado de conmoción interior en todo el territorio nacional. En el marco de la política de seguridad democrática, se anunció un fortalecimiento de las fuerzas militares, el aumento de pie de fuerza militar y policial, la creación de la red de informantes y cooperantes entre la población civil y el nuevo sistema de reclutamiento de soldados campesinos. Previamente desde el año 2000 como se anotó antes, se encontraba en expansión la estrategia de urbanización del conflicto armado para llevar la guerra a las ciudades, y la comuna 13 fue un escenario propicio para su desarrollo, ya que existían algunas condiciones sociales de protesta y de rechazo a las políticas de regularización en donde el Estado brindó escolta a los funcionarios de la EPM, encargados de aplicar las impopulares medidas de corte de servicios públicos, dándose inicialmente una protesta ciudadana que encontró eco en la “solidaridad” de los grupos armados de la zona que rechazaron por la vía armada cualquier acercamiento de los funcionarios para la ejecución de las medidas de legalización, evidenciándose así, la presencia de estos grupos en la vida social y política de la ciudad. A comienzos del año 2002, en la lucha por la hegemonía y el control de los barrios, son recurrentes las acciones militares y enfrentamientos de milicias y guerrillas, CAP, ELN, FARC, con grupos paramilitares del Bloque Metro, del Bloque “José Luís Zuluaga” de las ACMM y del Bloque Cacique Nutibara, escenario al cual se suma la Fuerza Pública que instala en la zona bases militares como el Batallón de infantería N° 32 Pedro Justo Berrio y el Batallón de Servicios N° 4 Yaríguies, lo que sumado desencadena en un crecimiento del índice de homicidios, desapariciones forzadas, reclutamientos forzados de jóvenes, torturas y desplazamiento intraurbano. Son guerras que se dan por el supremo control de los territorios, de la población y de los recursos dentro de los que se cuentan el hurto de gasolina, los secuestros, extorsiones o tributaciones obligatorias por el pago de vigilancia.” 12

“La presencia de los grupos paramilitares en el centroccidente de Medellín no es nueva, por el contrario, desde que inició la estratagema de copamiento urbano por parte de estos grupos fue claro su intención de aumentar el accionar y control de esta zona importante de la ciudad por las proyecciones viales, turística y residenciales contenidas en el macroproyecto de Antioquia la mejor esquina de América. Esta es una de las razones que explica la política militar diseñada desde el ejecutivo y la administración local interesados en tener el dominio territorial absoluto y permitir así la puesta en marcha de dichos proyectos, sin contradicciones ni oposición. Sin embargo, lo que resulta paradójico –o al menos sospechoso- es que en el plan de control militar de la comuna, ordenado por el mismo presidente Álvaro Uribe Vélez, dejó entre sus resultados la expansión del paramilitarismo actuando en abiertos vínculos con la fuerza pública como lo han denunciado habitantes de estos barrios e incluso informes de organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch.” 13

Los intereses en la Comuna 13:

“Si se mira más allá de la simple confrontación de guerreros en disputa de un control territorial, veríamos como esta comuna está ubicada en un lugar estratégico en términos de la idea de progreso de la cultura paisa, pues es la salida directa de Medellín a la zona de Urabá (la zona de Antioquia más cercana al mar), que entrecruza por un lado las rutas de intercambio mercantil histórico de narcóticos, armas y contrabando entre otras; y por el otro epicentro de los planes Institucionales condensados en las políticas económicas de las elites que hacen presencia en Antioquia; estos planes de desarrollo se han llamado Antioquia la mejor esquina de América, Antioquia siglo 214 ; Medellín 2020 y de alguna manera se concentran en el Plan Estratégico de Antioquia, y se encuentran en ejecución; estas elites para que el negocio sea más lucrativo requieren del absoluto control de los territorios y ante las resistencias y luchas internas entre ellos mismos, se valen de cualquier medio para tener el monopolio, entre ellos, de la guerra.”14

Las operaciones militares en la Comuna 13:

“En el transcurso del año 2002, durante el desarrollo de las operaciones Otoño, Contrafuego, Mariscal, Potestad, Antorcha y Orión, los habitantes de los 23 barrios de la Comuna 13 padecieron constantes enfrentamientos armados, allanamientos ilegales, capturas masivas, ejecuciones extrajudiciales, muertes de civiles, desapariciones forzadas, y un sinnúmero de violaciones a sus derechos.

Nada más durante los tres primeros días de la Operación Orión fueron detenidas, reseñadas y en algunos casos torturadas y obligadas a desplazarse, 450 personas, de las cuales 170 fueron vinculadas formalmente a investigación como presuntas responsables de los delitos de concierto para delinquir, homicidio, terrorismo y porte ilegal de armas. De esta cifra tan solo a 82 se les ordenó medida de aseguramiento, mientras las demás recuperaban su libertad. Al cabo de un año fueron acusadas formalmente 56 de estas personas, y desvinculadas definitivamente de la investigación 26 de las procesadas. Transcurridos nueve años, sólo fueron condenados dos de los 450 detenidos.

Tras los operativos militares, la zona no sólo resultó altamente militarizada por la Fuerza Pública, sino que el Bloque Cacique Nutibara tomó pleno control de lo que sucedía en la zona, como lo denunciaron en varias oportunidades algunos pobladores de estos barrios, sin que sus querellas tuvieran trascendencia alguna puesto que la Comuna 13 de Medellín se exponía como modelo de pacificación en el país y como uno de los grandes logros de la Política de Seguridad Democrática del hoy ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

No obstante, las organizaciones de Derechos Humanos de la ciudad han denunciado que la mayoría de los crímenes se cometieron entre octubre de 2002 y diciembre de 2003, es decir, en meses posteriores a la Operación Orión. Asimismo, han elevado denuncias sobre la existencias de fosas comunes en La Escombrera, San Cristóbal, San Antonio de Prado y la Comuna 8, donde el Bloque Cacique Nutibara tenía fuerte presencia.

Pese a los testimonios que relatan fatídicos finales sobre personas que fueron trasladadas vivas hasta La Escombrera, y luego asesinadas y enterradas; pese al convenio firmado, en 2009, por la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín para realizar la búsqueda de fosas comunes en el Occidente y Oriente de la ciudad, y su recomendación de cerrar definitivamente de La Escombrera; pese a la declaración del extraditado narcotraficante y jefe del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Berna, donde admitía la alianza entre el Ejército y los paramilitares para llevar a cabo la Operación Orión, a finales del 2002, e implicaba directamente al ex comandante del Ejército Mario Montoya Uribe, y al ex general retirado de la Policía Nacional, Leonardo Gallego Castrillón.”15

La reingeniería paramilitar en la Comuna 13:

“La Corporación Democracia, una organización no gubernamental, que alcanzó a tener durante su vida institucional cerca de 4.500 desmovilizados del paramilitarismo registrados como asociados (…) Su origen está ligado a los acuerdos entre los jefes paramilitares del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Alcaldía de Medellín. En el momento de su creación, en diciembre de 2003, se dijo que la Corporación Democracia era la entidad que ayudaría a los desmovilizados a hacer el tránsito a la vida civil, y a sustituir el terror que ejercían los integrantes del Cacique Nutibara en los barrios de Medellín, por una acción cívica coordinada y una representación política legal de estos mismos hombres ahora desmovilizados. Pero este propósito loable quedó bajo sospecha, luego de las denuncias sobre las relaciones entre el Bloque Cacique Nutibara con la llamada ‘Oficina de Envigado’ (un siniestro aparato de extorsión, asesinatos por encargo y cobro de deudas del narcotráfico) presentadas por jefes paramilitares recluidos en cárceles de Colombia y Estados Unidos.”16

“Las comunidades comenzaron a denunciar la injerencia en sus actividades cotidianas, entre ellas prácticas de control social y de regulación que afectaban los derechos de las personas. Incluso, se llegó a escuchar que habían instaurado una especie de servicio social obligatorio que impusieron en algunos barrios para atraer jóvenes hacia sus intereses particulares.”17

El paramilitarismo hoy en la Comuna 13:

“Toda la comuna está dividida en dos estructuras Paramilitares que son los sectores de Sebastián y Valenciano, ambos provenientes de la oficina de envigado, estructura criminal que tiene asiento en la ciudad desde los años setentas; además de ello, están entrando los Urabeños que también están con Valenciano, ellos están reclutando, a principios del mes de Abril reclutaron en el Socorro (Barrio) como a 20 muchachos, se los llevaron para Urabá, por allá los entrenan y luego vuelven y los traen para algunos barrios muchas veces los cambian de barrio, además está la policía y el ejército, se trata de la comuna mas militarizada de la ciudad, pero estos también están apoyando a los combos.”18

“La mayor parte de la periferia y centro (de Medellín) están en manos de estructuras mafiosas que controlan a más de 350 bandas paramilitares (antiguas bandas de delincuencia común y organizada):

* La disputa militar no es sólo por el microtráfico o llamado tráfico interno de estupefacientes; esta lucha por el poder ilegal involucra territorios y corredores estratégicos, vacunas, apuestas ilegales, poder político, contrabando, extorsiones, paga-diarios, sicariato, control social, presupuesto público, tráfico de armas, prostitución, lavado de activos, en fin, todo lo que represente ingresos a las  rentas ilegales.

* Se siguen presentado pactaciones entre lo legal y lo ilegal, buscando con esto “mejorar” la seguridad de la ciudad, teniendo como precedente que los pactos o treguas se presentan previamente a eventos especiales que son importantes para Medellín o ante la afluencia de turistas en la época decembrina.

* La disminución de los homicidios con respecto al 2009 (2.019, asesinatos, supuestamente que se cometieron en el año 2010) no es tan clara o transparente si se tiene en cuenta que la modalidad empleada por la ilegalidad es la de aplicar la desaparición forzada.

* Aumentó el número de desapariciones forzadas (hasta el 31 de  octubre de 2010 la Personería de Medellín informaba de 669 casos denunciados). Se debe tener en cuenta que por el miedo que reina en las comunas, muchas de estas desapariciones no son reportadas ante autoridad competente, estamos convencidos que hoy no existe un registro real de las desapariciones forzadas en la ciudad, si este registro  se pudiera realizar con la metodología adecuada,  las cifras de homicidios se elevarían considerablemente y mostraría la dimensión real de la catástrofe humanitaria que se vive.

* Sigue creciendo el desplazamiento forzado intraurbano (hasta el 31 de octubre de 2010, la Personería de Medellín informaba de 1.321 declaraciones de personas víctimas de desplazamiento forzado Intraurbano). Es necesario aclarar que las cifras de desplazamiento forzado intraurbano son mayores, toda vez que muchas familias no han elevado la respectiva denuncia debido al temor ante posibles represalias de las organizaciones paramilitares.

Lo más aberrante es que en Medellín se sigue aplicando la estrategia de seguridad y convivencia basada en el apoyo de la ilegalidad lo que lleva a que la ciudad continúe en la construcción de un modelo de seguridad y convivencia denominado “para- tranquilidad urbana” que no es otra cosa que la pacificación de Medellín a sangre y fuego y el dominio de ésta por  parte  de la ilegalidad paramilitar y mafiosa.” 19

La fuerza pública hoy en la Comuna 13:

“Mientras la alcaldía y los mismos habitantes de la comuna señalan que la mayor presencia del Estado es la militar, no queda claro porqué su accionar no se dirige contra esta agrupación paramilitar. De acuerdo con informes de la fuerza pública, entregados a los medios de comunicación, existen en estas dos comunas diez bases militares del ejército20 y ocho bases de la policía -entre la que se encuentra la Estación de vigilancia en el barrio El Corazón-, que cuentan con un total aproximado de 183 hombres y un número similar de efectivos del ejército, para un total de cerca de 366 miembros de la fuerza pública que controlan y vigilan día y noche todos los barrios del sector.” 21

“Llama la atención que en una ciudad donde se ha incrementado el pie de fuerza en más de 2.500 efectivos en los últimos años, llegando a un total de más de 6.900 policías (a los que hay que sumar los uniformados del ejército que hacen presencia en algunos barrios), aun se mantengan los constantes enfrentamientos con armas sofisticadas de largo alcance entre combos, bandas y paramilitares. Es de difícil comprensión el porqué, a pesar de la militarización que tiene lugar en los barrios periféricos, los homicidios continúan en alza y en la ciudad sigan operando 343 bandas y combos distribuidos en las diferentes comunas.” 22

Las desapariciones forzadas en la Comuna 13:

“La modalidad de las desapariciones forzadas comenzó a incrementarse desde noviembre de 2002, y en la mayoría de las denuncias se señala como responsables a los paramilitares y a la fuerza pública. Las víctimas fueron arrebatadas violentamente de sus viviendas ante la mirada atónita de las comunidades que pensaban que era verdad la paz que se les anunció como resultado de las operaciones militares. No importó que las personas estuvieran cerca de bases militares o que hubiera patrullaje continúo, el objetivo de “limpiar” el barrio de supuestos colaboradores de las milicias se cumplió con el saldo aterrador que hoy tenemos de más de cincuenta personas de las cuales se desconoce su paradero o que han aparecido muertas con señales de torturas en las fosas comunes descubiertas en el sector23.” 24

“El delito de desaparición forzada de personas, ha sido una de las prácticas más comunes para silenciar y atemorizar a la población civil en la comuna 13, allí más de cien personas han sido víctimas de este terrible crimen, sin que a la fecha se haya avanzado en su búsqueda, ni en la sanción de los responsables. A pesar de las denuncias y solicitudes que los familiares, las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, hemos realizado a las autoridades judiciales y administrativas, hoy no existe una política clara y efectiva para dar con la ubicación de las personas desaparecidas y para que se devele la verdad de los hechos ocurridos. Prueba de ello es la continuidad de la práctica de la desaparición forzada, la falta de garantías judiciales y protección a los familiares de las víctimas, la falta de avances y resultados positivos dentro de las investigaciones penales que se adelantan contra altos mandos de las fuerzas militares, como el ex General Mario Montoya Uribe y el Brigadier General Leonardo Gallego Castrillón -Comandante de la IV Brigada del Ejército y Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en el año 2002, respectivamente- y las garantías especiales que otorgó la Ley 975 de 2005, a los jefes paramilitares.”25

Los daños colectivos en la Comuna 13:

¿Qué es el daño?
Éste dolor punzante que me agobia día a día
Ésta injusticia que me hiere y aísla de los demás
Éste miedo de hablar, de morir, de vivir
Ésta soledad tan profunda…
Qué es el daño,
sino esta maraña arrasadora de SILENCIO E IMPUNIDAD.

“En las comunidades de la comuna trece, se implantaron estrategias militares dirigidas a la fragmentación del territorio, tanto en el plano espacial como temporal del mismo, es decir, a la par que se generaban vetos sobre espacios, fronteras y controles de movimiento, también se implantaron códigos de uso del tiempo, afectando directamente la concepción de la noche, que otrora era tiempo de esparcimiento y encuentro, y posteriormente fue horario de incertidumbre y miedo.

En lo referido a la dimensión espacial del territorio, los grupos armados que se encontraban en el sector, crearon fronteras entre barrios prohibiendo a las personas el desplazamiento entre los barrios de la comuna, es decir, no podían transitar libremente por las calles o ir a visitar a un/a amigo/a en otro barrio, porque tenían la amenaza de ser víctimas de asesinato o tortura, el resultado de esto fue un ambiente de zozobra e inseguridad que terminó por afectar la confianza y la interlocución entre los/as habitantes de diferentes barrios, el uso de los escenarios públicos, deportivos y comunitarios, y la apropiación de la calle como espacio para el intercambio colectivo. En otras palabras, se fue modificando la concepción y uso del territorio en lo espacial, al desestructurarlo en pedazos y fronteras barriales, que fueron creando paulatinamente en el imaginario colectivo la idea de que el habitante del barrio próximo era un potencial enemigo.

Igualmente, el territorio, fue modificado en su concepción temporal, pues la instauración de horarios para el control de la población afectó el uso cotidiano del espacio y la concepción del tiempo, de la forma de habitar y percibir la noche y el día. Identificando la noche con el miedo, ya no como tiempo de encuentro sino como tiempo de resguardarse y no salir de las viviendas. Anteriormente, en las noches se realizaban actos de celebración, así como reuniones grupales, torneos deportivos. Afectar la concepción de la noche en éste sentido, llevó a que muchos grupos no pudiesen volver a reunirse por ende su fin o la disminución significativa de sus integrantes, los torneos deportivos se hacían de forma escasa y la celebración de las navidad se vio diezmada y la participación en eventos culturales que se hacían igualmente en la calle, se afectó considerablemente.

Al desestructurar el territorio como parte de las estrategias militares, se generó una militarización social que descompuso y dañó de forma especialmente intensa dichas comunidades, pues desintegrar el espacio no sólo afectó la circulación o la movilidad de los/as individuos/as por el mismo, sino que se constituyó en causa de cambios identitarios, de la afectación en la relación entre las personas y el daño al tejido social solidario, al ver como la participación comunitaria se disminuía considerablemente. Ahora los líderes de diferentes sectores no podían comunicarse entre sí, tampoco podían las personas usar como cotidianamente lo habían hecho antes, el territorio, pues éste comenzó a ser fragmentado y descompuesto en pedazos, los cuales arrasaban con el relacionamiento y la interacción de los y las integrantes de la comunidad.

En términos del daño colectivo generado a partir de la desestructuración del territorio, también fue utilizado el desplazamiento forzado, de manera masiva y selectiva, antes, durante y después de las operaciones militares, lo que desembocó en daños concretos a la identidad colectiva y las relaciones comunitarias, además de daños materiales, y perdida de bienes no cuantificados. Es entonces que el destierro o desplazamiento forzado, descompuso especialmente las relaciones comunitarias, aumentando la sensación de zozobra e inseguridad, y agudizando los factores de empobrecimiento de la población. En éste sentido, vale decir, que muchos de los bienes inmuebles que fueron “abandonados” por sus propietarios/as iniciales, pasaron a ser ocupados por familiares o integrantes de grupos paramilitares, lo cual aumentó el control militar sobre el territorio y sus habitantes y generó un aumento en la desconfianza y el temor.”26

“Otro de los factores más visibles es el desplazamiento intraurbano; en Medellín durante el primer semestre del año 2010, se han recibido 732 declaraciones de desplazamiento forzado, que con sus respectivos núcleos familiares equivalen a 2.395 personas. Una de estas declaraciones correspondió a un desplazamiento masivo de 86 personas del barrio La Sierra, de la comuna 8, ocurrido en el mes de junio, a lo que se le suma el de 56 familias de La Galera, que tuvieron que abandonar el barrio amenazadas por miembros de la banda “La 38″ del barrio Popular 1.”27

“Así como la desestructuración del territorio tanto en su dimensión espacial como temporal generaron daños colectivos en el plano simbólico y en la vida cotidiana de las personas, igualmente generó un daño concreto en lo referido a la participación comunitaria y la organización social, pues, la interacción y comunicación entre los/as líderes/zas comunitarios/as se vio afectada por la imposibilidad de movilizarse entre los diferentes barrios, haciendo más difícil los procesos de denuncia y seguimiento por violaciones a los derechos humanos en el sector.”28

Para hacerle frente a esta situación, un grupo de organizaciones de Derechos Humanos y comunidades religiosas de la Iglesia católica decidimos articularnos para hacer una labor de acampamiento directo a las victimas. Para ello diseñamos un plan de intervención para incidir en la recuperación del tejido social comunitario, apoyar psicológica y jurídicamente a las víctimas y realizar un inventario de los daños generados con ocasión de los crímenes. El objetivo principal del proceso es la realización de un inventario integral de los daños causados a las victimas de Crímenes de Lesa Humanidad en la Comuna Trece de Medellín y la valoración de los mismos por parte de profesionales de las áreas relacionadas, a partir de los cuales las víctimas puedan diseñar una propuesta que atienda el reconocimiento de sus derechos fundamentales a la verdad, la justicia y la reparación integral. En ese escenario se han desarrollado campañas cono la de “Memorias contra el olvido y la impunidad” y “Escarbando la verdad, desenterrando la justicia”.

Expectativas en la Comuna 13

En noviembre de 2008, luego de varias manifestaciones públicas llevadas a cabo por los familiares de las personas desaparecidas y organizaciones defensoras de derechos humanos, la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía General de la Nación firmaron un convenio por mil millones de pesos para la búsqueda de fosas comunes, principalmente en la comuna 13. El 21 de mayo de 2011, un grupo cercano a las 100 personas protagonizaron una marcha que recorrió el mismo camino utilizado por los paramilitares para desaparecer a sus víctimas. Ni las víctimas ni las organizaciones defensoras de derechos humanos conocen el resultado de los estudios realizados en su momento. Ni la Alcaldía ni la Fiscalía han entregado declaraciones sobre cómo se llevaría el complejo proceso de exhumación.29

Las víctimas de los crímenes cometidos durante los últimos 5 o 6 años por paramilitares, en asocio con fuerzas oficiales, continúan en situación de absoluta impunidad y el pretendido proceso de desmovilizaciones de las fuerzas paramilitares presentes en la zona no satisface los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación:
En la zona han sido halladas fosas comunes con 11 cadáveres de algunas de las personas desaparecidas por la fuerza pública y por los paramilitares, de los cuales hasta el momento sólo 6 de ellos han sido identificados.
La aplicación del marco jurídico contenido en la denominada Ley de Justicia y Paz no garantiza efectivamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Se considera la realización del inventario de daños que busca documentar la multiplicidad de daños generados con ocasión de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Comuna 13. Con este inventario no sólo se busca hacer conciencia sobre el derecho violado, sino que se abarque un concepto amplio de daño y víctima; hasta ahora en la Comuna 13 se tiene un proceso con 100 familias con las que se han documentado los casos y los daños ocasionados, daños de tipo colectivo (tejido social desarticulado, procesos organizativos aniquilados) e individual en su acepción jurídica amplia.30

1. Informe sobre el Daño a la Salud Mental derivado de la masacre de Plan de Sanchez, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gómez Dupuis, Nieves. ECAP – Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, 2005.

2.INVENTARIO DE DAÑOS COLECTIVOS COMUNA TRECE DE MEDELLÍN, Grupo Pro-Reparación

3.“El Paramilitarismo: una criminal política de Estado que devora el país” Padre Javier Giraldo, http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article76

4. “Paramilitarismo como política de Estado” Proyecto Colombia Nunca Más http://www.colombianuncamas.org/

5. “La utilidad del proyecto paramilitar: Las Bacrim y Doctrina de acción conjunta” Camilo Villa Romero, Revista En M6VID, Número 0 mayo-julio 2011, MOVICE.– Año 1 Mayo – Julio de 2011

6. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia 2010.

7. “Acompañamiento psicosocial y atención en salud mental a víctimas de violencia política.” Corporación AVRE. Bogotá, Octubre 2008.

8. FRANCO, Vilma Liliana. La ciudad y la guerra. En: Desde la región, boletín número 46, Medellín, Corporación Región, septiembre de 2006, p. 24. De acuerdo con la investigadora, los primeros (los objetivos en la guerra) son del campo estratégico militar y los segundos (los objetivos de la guerra) se refieren a la finalidad que motiva a las partes a ir a la guerra.

9.“Memoria Histórica de la Comuna 13 de Medellín”, Elkin Ramirez, Corporación Jurídica Libertad, 2008.

10. “Inventarios de daños con mujeres víctimas de la violencia sociopolítica en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín”, Corporación Jurídica Libertad, Adriana Arboleda Betancur “Voces de memoria y dignidad” Grupo Pro Reparación Integral, Octubre 2008.

11. Noche y Niebla, Caso Tipo No. 2. Banco de Datos, CINEP.

12. “Informe sobre el estado actual de los derechos humanos en la Comuna 13 de la Ciudad de Medellín” Instituto de Capacitación Popular, 2005.

13. ““Informe Comuna 13 después de la Operación Orión” Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (CODEHSEL),
marzo de 2004.

14. “Las otras narraciones de la guerra en la Comuna 13” Red Juvenil de Medellín, 2011.

15. “Madres vuelven a exigir la búsqueda e identificación de sus hijos desaparecidos”, Corporación Jurídica Libertad, mayo de 2011.

16. El ocaso de la Corporación Democracia http://www.verdadabierta.com/rearmados/50-rearmados/3107-el-ocaso

17. “La Corporación Democracia, el brazo político de la Oficina de Envigado” Agencia de Prensa, 2009

18. “Las otras narraciones de la guerra en la Comuna 13”, Red Juvenil de Medellín, 2011.

19. “El paramilitarismo y la mafia parecieran estar reemplazando al estado municipal en Medellín”, CORPADES, enero de 2011.

20. Estas bases militares se encuentran ubicadas en los barrios El Salado, Betania, Belencito, Reversadero, San Michel, La Colina, Juan XXIII, Olaya Herrera, El Pesebre y La Divisa). Los puestos de policía, por su parte, se encuentran ubicados en: Belencito, La Torre, El Refugio, Terrígenos, El Salado, La Ye, 20 de Julio y El Corazón. El resto del territorio se cubre mediante patrullaje continuo y retenes.

21. “Informe Comuna 13 después de la Operación Orión” Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (CODEHSEL),
marzo de 2004.

22. La grave crisis humanitaria de Medellín contrasta con el balance positivo de la feria de las flores” Corporación Con-Vivamos, Agosto de 2010.

23. En el mes de marzo de 2003 la comunidad había denunciado que “en la manga de la Loma entierran gente y después le echan cemento encima”.

24. “Informe Comuna 13 después de la Operación Orión” Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (CODEHSEL),
marzo de 2004.

25. “Escarbando la verdad. Desenterrando la justicia: Caminata en memoria de los desaparecidos en la Comuna 13 de Medellín” Campaña No lo Justifiques, haz lo justo”, mayo 2011.

26. INVENTARIO DE DAÑOS COLECTIVOS, Grupo Pro-Reparación

27. “La grave crisis humanitaria de Medellín contrasta con el balance positivo de la feria de las flores” Corporación Con-Vivamos, Agosto de 2010.

28. INVENTARIO DE DAÑOS COLECTIVOS, Grupo Pro-Reparación

29. “En comuna 13 de Medellín, la verdad sobre los desaparecidos sigue enterrada”, IPC, 24 de mayo de 2011.

30. “Memoria Histórica de la Comuna 13 de Medellín”, Elkin Ramirez, Corporación Jurídica Libertad Tuesday, Oct. 14, 2008 at 4:50 PM

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