La autonomía en el territorio

3.1. Territorios autónomos de comunidades desplazada e intereses económicos

Los territorios autónomos de población desplazada son los habitados por personas que han sufrido desplazamiento forzado y que vuelven a producir un territorio el cual configuran colectivamente y de forma autónoma. Esta situación es impulsada por el conflicto armado que provoca el desplazamiento forzado y los procesos de resistencia campesina de permanencia en el territorio.

Extracto del artículo “El desplazamiento forzado, despojo de tierras y el derecho a la reparación integral de las víctimas en Colombia” del ILSA:

“La relación entre el desplazamiento forzado de población y el despojo de tierras y territorios mayoritariamente en el mundo rural ha sido una constante en el marco del conflicto social y armado que vive Colombia. Aunque los esfuerzos por aproximarse a la cuantificación de las hectáreas despojadas aún distan de reflejar con precisión la magnitud del desplazamiento forzado y del despojo de tierras y territorios, todos ellos coinciden en reconocer la relación entre un constante proceso de concentración de tierra, cambios y conflictos sobre el uso del suelo, transformaciones en la espacialidad y en el ordenamiento del territorio, implementación de modelos de empresarización de la producción rural que son correlativos al despojo o abandono forzado de tierras (Reyes, A, 1994; Fajardo, 2002; Salgado, 2008), incluso algunos de estos estudios han destacado cómo el desplazamiento de población es una estrategia en el marco de la guerra, orientada a la desterritorialización, la expansión de áreas de control y a la apropiación violenta de propiedades agrícolas (Ibañez y Querubin, 2004).

Los esfuerzos y las propuestas provenientes del Gobierno Santos en materia de restitución de tierras y recuperación de la vocación productiva del campo colombiano es limitada en la medida que no aborda la génesis de los problemas estructurales agrarios en nuestro país –dadas entre otros por la concentración de la tierra, la ausencia de reformas agrarias-, y además, creemos promueve relaciones asimétricas y desiguales entre un campesinado (mayoritariamente retornado luego de varios años de desplazamiento forzado, carente de capacidad sostenible de producción y cuyo activo es su parcela) y unas empresas –cuando no multinacionales- con músculo económico, con monopolio en el circuito de producción y mercadeo y capacidad de imponer las condiciones y las relaciones en estos “negocios inclusivos”. Todo ello permitiendo una recaracterización del campesinado de su vocación de productor agrícola a trabajador agrario en las fincas industrializadas o en el peor de los casos como trabajador en sus propios minifundios.

Resaltamos que cualquier modelo de restitución de tierras en Colombia que no atienda a unas transformaciones estructurales de los problemas rurales tiende a ser una sólo una tendencia a normalizar lo informal. Desde hace muchos años, el Banco Mundial ha reiterado a Colombia la necesidad de formalizar y regularizar las relaciones jurídicas de los predios rurales, entendiendo que esta situación desincentiva la inversión extranjera. Al respecto es importante recordar que los contextos de conflicto han conllevado a que empresas extranjeras, con intereses marcados y ciertos en la tierra y su producción ya sea agropecuaria o extractiva, como el caso de “Chiquita Brands”, hayan participado directamente como financiadores de actores armados ilegales. Igualmente la propuesta Santos avanza hacía la adecuación de un escenario propicio para la implementación de los TLC, la cual es el centro de la propuesta de las alianzas productivas y las formas asociativas de producción con el fin de lograr “aumentar las escalas de la producción bajo un enfoque de conglomerados productivos que integren vertical y horizontalmente la producción, transformación y comercialización”.

VER CASO ESPEJO FINCA EL TAMARINDO

3.2. Planes de vida y formas organizativas para la producción

Una de las secuelas directas del despojo de comunidades campesinas, afrocolombianas, Indígenas y agromineras es la pérdida de la soberanía alimentaria. Esta se traduce en la entrada de influyentes monopolios a los escenarios agrícolas del país en aras de la industrialización de las tierras, transformando de esta suerte las relaciones culturales y tradicionales de estas comunidades en términos de autonomía en la cadena de producción de alimentos, a otra en donde el campesinado se convierte en peón y la agricultura en beneficio de las empresas multinacionales.

Colombia se caracteriza por una estructura agraria bimodal de latifundio- minifundio, en la cual 0,4 % de los propietarios poseen más de 60 % de los predios, mientras el 57% de los propietarios poseen menos del 2% de los predios. Debido a  las dinámicas del conflicto social, político y armado, del despojo de alrededor de 5 millones de personas, y de las políticas agrarias que resultaron en procesos de contrarreformas agrarias, hoy se presenta una situación del campesinado sin tierra, altos índices de pobreza urbano-rural y de inseguridad alimentaria en el 45% de los hogares colombianos.

Por lo anterior, distintos procesos han surgido en las últimas décadas para encarar el modelo actual de desarrollo y devastación de las economías campesina, propias y populares, materializadas en cooperativas comunitarias, planes de vida, granjas autosostenibles, alternativas todas que  propenden por el fortalecimiento desde las comunidades de base de una soberanía alimentaria nacional. En el caso del Sur del Bolívar, estas actividades de producción autónoma han conformado las dinámicas actuales de varias de sus comunidades.

Así mismo, los proyectos de vida de las personas, colectividades y comunidades son elaborados muchas veces desde un pensamiento del buen vivir. “Vivir Bien es vivir en comunidad, en hermandad y especialmente en complementariedad. Es una vida comunal, armónica y autosuficiente. Vivir Bien significa complementarnos y compartir sin competir, vivir en armonía entre las personas y con la naturaleza. Es la base para la defensa de la naturaleza, de la vida misma y de la humanidad toda.”[1]

Desde esta perspectiva, grupos humanos se organizan para vivir de forma equilibrada con la naturaleza. De esta forma garantizan su supervivencia en el ecosistema. Esta organización también se refleja en las formas de producción: Sindicatos, cooperativas y/o federaciones. En estas formas las comunidades trabajan de forma solidaria entre ellxs mismos y con el entorno.

3.3. Pueblos indígenas y la protección del territorio

Los pueblos indígenas de Colombia ven su supervivencia seriamente amenazada. En el Auto 004/2009 de la Corte Constitucional colombiana, se reconoce “la vulneración múltiple, masiva y continua de derechos fundamentales” de las comunidades indígenas e identifica hasta treinta y cuatro pueblos “en riesgo de extinción” por “el exterminio de algunas comunidades, sea desde el punto de vista cultural en razón al desplazamiento y dispersión de sus miembros como desde el punto de vista físico debido a la muerte natural o violenta de sus integrantes”.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) especifica al menos cuatro causas que estarían viabilizando el genocidio de los pueblos indígenas en nuestros días[1]:

1.- Usurpación del Control Territorial: El derecho de libre determinación de los pueblos indígenas depende del control y mantenimiento de sus territorios ancestrales. El área titulada por el Gobierno Nacional no garantiza el mantenimiento físico y cultural de las comunidades indígenas.

2.- Relación entre Modelo Económico y Crisis Humanitaria: Hay una relación directa entre el asentamiento de Empresas de Extracción Minera o de Hidrocarburos y el incremento en la violación de los derechos humanos colectivos e individuales de los pueblos indígenas. También que hay una relación directamente proporcional entre la llegada de las Empresas Extractivas y el control militar de la Fuerza Pública, actor esencial, para garantizar el flujo inversionista transnacional. Las áreas potencialmente explotables se superponen en un 69.5% con territorios de resguardos; y el 55% de las zonas donde se está produciendo hidrocarburos, se sobrepone de hecho con resguardos indígenas.

3.- Homicidio Selectivo de la Dirigencia Indígena: La conexidad entre el Modelo Económico y la violencia que lo constituye, se reafirma a través de un orden cultural y político (…) la figura de las autoridades indígenas, representantes por antonomasia del derecho de libre determinación, se ha convertido en blanco de ataques homicidas.

4.- Las Paradojas de la Globalización de los Derechos Indígenas: Aunque la invocación de los estándares internacionales de derechos humanos, incluido el de libre determinación, han sido eficazmente reapropiados por los pueblos indígenas, logrando reconocimiento del Estado y autonomía relativa; el interés transnacional de controlar los recursos naturales y la biodiversidad, ha provocado un profundo déficit instrumental de las normas internacionales de derechos humanos.

Entre las formas de protección del territorio delante de estas amenazas, es la Consulta Previa. Esta es un derecho constitucional que tienen los indígenas y las comunidades negras a ser consultadas sobre proyectos que pueden afectar su comunidad como una forma de proteger la identidad cultural, social y económica de las minorías étnicas, basado en el Derecho Internacional consagrado, entre otros, en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo.

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